Según la asociación de técnicos ambientales, la pobreza energética afecta ya en España a más de 4 millones de españoles, el 10% de los hogares. que son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas. Las consecuencias son que España es uno de los países europeos con mayor índice de mortalidad invernal. Aproximadamente 20.000 personas mueren de forma prematura en invierno, de las cuales 5.000 serían enfermos respiratorios o osteomusculares, víctimas de complicaciones atribuibles a la pobreza energética.
En este contexto hay que entender la propuesta de Izquierda Unida, presentada por el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, de garantizar un suministro básico de agua y electricidad a las familias víctimas de la crisis. Se trata de satisfacer el derecho humano más básico: el derecho a la vida, como ya hacen los países europeos más desarrollados. Las voces que desde el PP, desde la patronal o incluso desde algunas organizaciones sindicales, tachan esta medida de populismo o de caridad, demuestran tan sólo que les preocupa más desgastar al gobierno "socialcomunista" andaluz que las vidas de las familias más pobres de Andalucía. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
IU gobierna en Andalucía para, entre otras cosas, pasar de la pobreza energética a la rehabilitación y la eficiencia energética.
Estas medidas de emergencia son necesarias, pero sólo son un aspecto, el más social, de la política puesta en marcha por IU en el gobierno de Andalucía, dando prioridad a la rehabilitación energética de vivienda. Es necesario, para corregir el despilfarro de energía que caracteriza a los hogares españoles, que han pasado de un consumo de 0,8 tep (toneladas equivalentes de petroleo) en 1980 a los actuales 0,9 tep (pese a la introducción de normativas para frenarlo) Es también la forma de cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea para reducir en un 27% el consumo energético residencial. Finalmente, es una forma, quizá la mejor, de ofrecer una salida a cientos de miles de parados de la construcción con una edad avanzada y escasa preparación que dificultan su reciclaje en un sector distinto.
Por eso, el plan de vivienda y rehabilitación que prepara la Consejería de Fomento y Vivienda, incluye medidas de apoyo, incentivos y programas para garantizar que las capas más desfavorecidas de la población también pueden acceder a la rehabilitación energética de sus viviendas. El anterior plan (2008-2012) ha sido en este ámbito un notorio fracaso, con apenas una veintena de solicitudes de ayuda tramitadas en la provincia de Granada, de las cuales más de la mitad han debido archivarse por diversas carencias. El próximo (2014-2017) plantea triplicar las ayudas para edificios y viviendas aisladas, que podrán llegar hasta el 40% de la inversión.
Pero es necesario cambiar la mentalidad de la población, que en la actualidad percibe como un lujo el gasto en eficiencia energética, cuando la realidad es que es una inversión recuperable en muy pocos años. Una convicción que, desgraciadamente, también tiene que ver con la política. Cuando IU gobernaba en la ciudad de Granada, hace 11 años, impulsó la ordenanza "solar" que obligaba al sector de la construcción en Granada a incluir medidas de aislamiento y de captación solar térmica en toda nueva construcción. El PP la eliminó en 2003, a los pocos meses de llegar al gobierno local. Elmotivo era claro: ceder a las presiones de promotores y constructores cortos de miras. Las decenas de miles de viviendas construidas en Granada en los años del boom inmobiliario debían haber sido las más avanzadas de España en términos de eficiencia energética. La aplicación de la norma hubiera puesto a la industria auxiliar del sector a la cabeza del estado... la derecha política lo hizo imposible... una vez más, la derecha, contra el desarrollo.
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